martes, 29 de junio de 2010

TRIUNFO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


OLIVIO HUANCARUNA PERALES PERDIÓ QUERELLA INTERPUESTA CONTRA ALFREDO BARTOLO POLO, DIRECTOR DE LA REVISTA SOMOS NORTE.





HACER DOBLE CLIK PARA SU MEJOR LECTURA. SENTENCIA QUE ABSUELVE A DIRECTOR DE LA REVISTA SOMOS NORTE.

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FUTURO ESCRITO de TACHA contra ALEX KOURI BUMACHAR

Exp. Nº ..................
Jurado Electoral Especial
Distrito Electoral de Lima Metropolitana
TACHA CONTRA ALEX KOURI BUMACHAR, CANDIDATO ILEGAL, FALSO o BASTARDO


SEÑOR PRESIDENTE DEL JURADO ELECTORAL ESPECIAL:

GUILLERMO OLIVERA DIAZ, DNI 08765441, señalando domicilio ad líttem en la Avenida San Luis Nº 2147, Dpto. 402, SAN BORJA, en el presente proceso electoral municipal al Jurado Electoral Especial de su Presidencia con el debido respeto y en el modo legal usual digo:

Que formalmente planteo TACHA contra la candidatura ilegal a la Alcaldía de Lima de ALEX KOURI BUMACHAR, presentada con aspaviento por la llamada organización política “Cambio Radical”, por nítida infracción de los Arts. 9º y 10º de la Ley de Elecciones Municipales, Ley Nº 26864 y de los Arts. 18º, 19º, 20º, 23º, 24º y 27º de la Ley de Partidos Políticos, Ley Nº 28094 y de los Arts. 8º, 9º, 28º, 30º, 58º y 5ª. Disposición Final y Transitoria de su propio Estatuto partidario inscrito en el Asiento tres de la Partida Electrónica trece (Fojas 0461 de su expediente de constitución como partido político), el 15 de setiembre 2005, del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.

Las Leyes 26864 y 28094 citadas facultan:

a) a los partidos políticos participar en un proceso electoral;

b) presentar listas de Candidatos legítimos; y

c) mediante procedimientos legalmente establecidos.

Solicito que la presente Tacha sea declarada FUNDADA; ergo, se excluya o elimine al propuesto ALEX KOURI BUMACHAR de la Lista de Candidatos a la Alcaldía de Lima.

Además, el pretensor constituye un peligro social, como lo evidencia su conducta privada y pública, por la cual ha sido filmado en diversas ocasiones en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que dirigía a su antojo y libre albedrío el archi condenado y hoy encarcelado por graves delitos VLADIMIRO MONTESINOS TORRES. El tachado además está procesado penalmente por fiscales y jueces del país e investigado por sendas Comisiones Investigadoras del Congreso de la República, la Contraloría y otros organismos fiscalizadores por una amplia retahíla de hechos y circunstancias. La sola difusión periodística, frecuente y altisonante, de semejantes hechos infunde dudas y temores a la población limeña que integro. La Alcaldía de Lima de veras no merece un personaje tan severamente cuestionado como el que nos ocupa. Soy consciente que este último párrafo no constituye, en puridad, una razón legal que fundamente la presente Tacha, la misma que únicamente se ampara en infracciones al ordenamiento jurídico que desarrollaremos más adelante.
FUNDAMENTOS de HECHO y de DERECHO

1. Cualquier tacha para que sea fundada debe ampararse en la infracción de la ley electoral municipal, concordante con infracciones de la Constitución Política, la Ley General de Elecciones, la Ley de Partidos Políticos, Reglamentos del JNE y Estatuto partidario. Todos estos cuerpos normativos regulan la institución de los partidos políticos, su fiscalización, la participación de ellos en un proceso electoral, la presentación de Candidatos genuinos o legítimos basados en dicho emperifollado ordenamiento, mediante procedimientos preestablecidos.

2. En el presente caso, desventurosamente, no podemos hablar de “Cambio Radical” como un partido político con estructura y funcionalidad como las leyes electorales mandan; ni que el candidato ALEX KOURI BUMACHAR sea legítimo sino más bien bastardo; tampoco que el procedimiento de designación directa de dicho candidato sea el previamente establecido en el orden jurídico electoral. Estos 03 supuestos fácticos tienen torcedura moral y legal, es decir constituyen serias infracciones al ordenamiento electoral, por cuya razón amparan esta Tacha.

3. La permisión legal de participar en un proceso electoral es a las organizaciones políticas que lo sean de verdad y no a remedos de tales. La mera inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) no agota el desiderátum normativo jurídico vigente; urgen otros ingredientes funcionales, para estar frente a una auténtica institución que sea fiel expresión de la voluntad popular y orientadora de la opinión pública, roles tan venidos a menos en la hora presente por el tachado, que deviene en un candidato espurio, al provenir de un procedimiento de designación directa del mismo jaez: ilegal, fraudulento, espurio o bastardo, propio de una carnestolenda política, a la que son habituales muchas organizaciones políticas por ausencia de una real y legítima fiscalización que manda la Constitución Política y que incumple la autoridad.

El llamado Partido Político “Cambio Radical” que patrocina la candidatura del sinuoso ciudadano ALEX KOURI BUMACHAR no lo es, aunque aparezca inscrito en el ROP. No es suficiente la sola inscripción para proponer candidatos. Para ejercer dicha facultad es menester, además, hacerlo dentro del marco jurídico de las citadas leyes, por medios lícitos, cumpliendo exactamente sus postulados, los mismos que han sido desoídos por el proponente en las siguientes ruidosas formas.

4. CARECE:

a) de afiliados aprobados por la Secretaría General Nacional;
b) de un Padrón de Afiliados válido;
c) de un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) elegido en Asamblea Nacional;
d) de un Secretario General Nacional que apruebe la afiliación;
e) caducó el mandato de su primigenio CEN el 20 de enero 2009;
f) de una Comisión Nacional Electoral;
g) todas sus autoridades no fueron resultado de elecciones internas.

Su estructura y funcionalidad viola lo normado en las Leyes de Partidos Políticos, Nº 28094, de Elecciones Municipales, Nº 26864 y en su propio Estatuto partidario inscrito en el Asiento tres de la Partida trece del blandengue y encubridor Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones el 15 de setiembre del 2005.

(El desarrollo de estos puntos seguirá).

Lima, 28 de junio del 2010.

BARBA, José: SU PARTIDO POLITICO de PELÍCULA

Por GUILLERMO OLIVERA DIAZ
godgod_1@hotmail.com

En mi calidad de ciudadano peruano he comparecido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y con fecha 18 de junio del 2010 solicité copia simple fedatada de todo el expediente de constitución y funcionamiento del llamado partido político “Cambio Radical”. Mi primera sorpresa ha sido que el JNE cobra por cada hoja de copia fotostática el valor de S/.0.20, mientras que en el cercano Jr. Azángaro cuesta S/.0.05. El Estado cobra 03 veces más que la calle. Lo importante es que ya me expidieron los 632 folios requeridos y 04 CDs. En estos consta el Padrón de Afiliados de este partido de Mayo 2010, formados por aluvional trasvase de su par uniovular “Chimpún Callao”. Es decir, Pepe Barba Caballero y Alex Kouri Bumachar como mentores del trasiego.

Otra cosa sorpresiva es la foliación oficial del Expediente. Sólo está foliado hasta el Nº 607, cuando la señora AURISTELA OBANDO MORGAN (me dijeron que es esposa de Barba) presenta el novísimo Padrón de Afiliados el 13 de mayo 2010. A partir de Fojas 607 (jerga judicial) el expediente de marras está sin foliar, con el peligro de ser mutilado y rehecho. Empero, el Jurado me ha expedido copias de ambos grupos de folios, ante mi insistencia, pues sólo me estaban dando fotocopias hasta el folio 607.

Este Padrón de Afiliados de Mayo 2010 es el único que acredita que este partido recién tiene militantes de última hora, por “endoso de no sé quién”, pues los años 2006, 2007, 2008, 2009 no presentó al JNE padrón de militantes alguno. Más bien obra en alguna parte del expediente que el mismo JOSE BARBA CABALLERO, fundador de “Cambio Radical” al alimón con RAFAEL REY REY, sí el actual Ministro de Defensa, renunció en forma irrevocable a su partido, tal como lo hicieron todos los miembros restantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Esta renuncia de él que era Presidente del partido y la de todos los miembros del CEN dejó inerme a esta organización política sin autoridades y sin militante alguno. Sin embargo, inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Otra hermosa sorpresa la constituye el Folio 0001 del expediente, fechado el lejano 03 de febrero 2004. Se trata de una comunicación dirigida al Jurado Nacional de Elecciones por los señores RAFAEL REY REY (el mismo antes citado) y JOSE BARBA CABALLERO, que se identifican con sus DNI 08262531 y 06264637, respectivamente, y le comunican al JNE que se ha decidido cambiar el nombre de UCD (Unión de Centro Democrático) por el de “Cambio Radical”. Por la importancia histórico-política de esta coyunda transcribiré su texto:

“Los suscritos Rafael Rey Rey y José Barba Caballero, debidamente identificados con DNI: 08262531 y DNI: 06264637, respectivamente, fundadores de la agrupación política inscrita en el JNE como Unión de Centro Democrático, nos presentamos a su Despacho para comunicarle la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de nuestra Agrupación de cambiar el nombre de UCD, por el de Cambio Radical y consecuentemente solicitarle que, con cargo a la adecuación de nuestra organización a lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos, el JNE inscriba este cambio de nombre a partir de la fecha.
POR LO EXPUESTO:
A usted pido acceder a nuestro petitorio.
ANEXOS:
Acuerdo del Comité Ejecutivo de UCD.
Lima, 03 de febrero de 2004”.

sábado, 19 de junio de 2010

¿ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS y APOLOGISTAS del TERRORISMO?


El Jefe de Estado en pañales en Derecho Penal

Por GUILLERMO OLIVERA DIAZ
(godgod_1@hotmail.com)



Fui abogado defensor del actual Presidente de la República, ALAN GARCIA PEREZ, cuando sentía serios aprietos jurídico penales durante un Antejuicio seguido por el Congreso el año 1992. Gobernaban los monozigóticos FUJIMORI y MONTESINOS. Por brevísimo tiempo, en verdad, pues me retiré raudo del cometido por incumplimiento de pago de cuota de honorarios profesionales. Mucho recuerdo que de todos sus bolsillos de saco y pantalón sacó sendos fajos de billetes de 100 dólares que ponía frente a mí y cuando conté que sólo eran 60,000, sí, sesenta mil, le dije que faltaba. Con gambito de por medio de su parte me espetó: “Doctor, me equivoqué. Ni que me habría tirado los 50 millones del BCCI”. Es que no eran 60, sino 600. Las razones huelgan.

En fin, todo eso terminó, aunque fue injusto y mentiroso cuando en la 1ª. página del periódico La República apareció algo irreal: “ALAN, cambió de abogado”. Suena diferente que te cambien, lo cual menoscaba, agravia, a que te abandonen porque no pagas.

Ahora, quiero ocuparme de un tema ajeno a los dólares. De otra desmesura que lleva su marca y talla: ALAN GARCIA. Se trata de comentar su exagerada imputación de apologistas del terrorismo que hace a los estudiantes de San Marcos, por lo que ya sanciona a la Universidad con intervenirla. Es decir, considera con simplismo que la conducta de una treintena de manifestantes con banderas rojas, que piden la libertad del condenado ABIMAEL, se adecúa al tipo penal que encierra el Código Penal precisamente conocido como delito de Apología de Terrorismo.

Esta figura delictiva se tipifica en el Art. 316º del cuerpo normativo citado, modificado por el Art. 2º del Decreto Legislativo Nº 982 del 22 de julio 2007 (tiempos de ALAN) cuyos elementos fluyen del texto del numeral. Lo transcribimos para que no quepan dudas:

Art. 316º del Código Penal

“El que públicamente hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido......

2. Si la apología se hace de delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. Si se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, como internet u otros análogos, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años....”.

El pobre Presidente no sé si entenderá que esa redacción del tipo penal, en su parte inicial, apunta a la apología, vista como defensa o elogio público, del delito en abstracto o como hecho abstractamente considerado y no la apología de un delito en concreto, el de alguien con nombre y apellidos, que haya sido cometido el día y hora tales y en un lugar y circunstancias precisas; por ejemplo, el del holandés VAN DER SLOOT contra la peruana STHE FANY TATIANA, dentro de una habitación de hotel.

En la parte que el texto penal se refiere a la apología agravada “de la persona que haya sido condenada como autor o partícipe”, esta vez sí de un delito de terrorismo dado, concreto por circunstanciado, se apunta a la alabanza, elogio, defensa, o todo lo que se quiera comprender dentro del contenido semántico del fonema a p o l o g í a, de la persona que ya esté condenada, de quien se deben decir atributos personales, loas a su perfil individual, apología además que debe referirse a su concreta autoría y participación en un terrorisno de día y hora exactos. Es decir, debe alabarse a la persona y a su calidad de autor o partícipe. No se trataría de una alabanza cualquiera de ebanista o cantante.

Considero que una manifestación de ciertas personas, con trapos rojos de supuesto estandarte, pidiendo la libertad de un condenado y parafraseando una amnistía que le sea aplicable a él y a muchos más está muy lejos de constituir una apología de terrorismo. Una tipificación de esa índole ayuna de Derecho Penal, carece de una cabal interpretación de lo que son los elementos de un tipo penal, entre los cuales se yergue el famoso dolo típico, visto con sencillez como el querer y conocer lo que se está haciendo. Así como en parricidio hay que querer matar a la madre y saber o conocer que la que se va a envenenar es precisamente ella y no la vecina, de la misma manera, los circunstantes de SAN MARCOS tendrían que haber estado preñados de dolo de apología terrorista, en el momento de la filmación. Además de ese dolo se necesitan palabras, gestos, hechos que demuestren que estaban haciendo apología: elogio, alabanza, defensa o loas de algo o alguien, que también abarquen su calidad de autor o partícipe del delito apologetizado. Nadie ha visto, ni oído esta apología, salvo claro está el Presidente ALAN.

Para tipificar una conducta real o concreta en los estrictos alcances de un tipo penal que el Derecho Penal críptico subsume en forma abstracta, como hecho abstractamente considerado como delito, hay que estudiar concienzudamente muchos tomos de esa dogmática, para cuya lectura los Presidentes no creo que tengan tiempo. ¡Mesura, entonces, para no liderar como eximio en Cortinas de Humo!.

Lima, 19 de junio del 2010.


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¿PODER DINASTICO en CAJAMARCA?


DE LOS ESPOSOS a las ESPOSAS y DESPUÉS a los HIJOS.


Por Guillermo Olivera Díaz
(godgod_1@hotmail.com)


Lo que viene lo escribe un cajamarquino que reside en Lima, pero que no olvida el terruño, donde el jus soli sigue incólume. Fue en mi distrito CATACHE, de la provincia de Santa Cruz, donde nací, de padres igualmente cajamarquinos.
Vamos al grano con cierta ironía. Ha surgido una nueva orientación política, de pacotilla, en nuestra querida Región de CAJAMARCA. Resulta que el actual Presidente Regional quiere, por no se qué, el “borrón y cuenta nueva”, de antaño, por eso la mejor idea que le ha surgido es que en el gobierno de la Región le siga su esposa. Seguramente, después de ella, el hijo de ambos. Y el señor Alcalde ha copiado tan brillante idea encubridora. También quiere una Alcaldesa de día y esposa de noche. Esta aserción deja a salvo la honorabilidad de KORI y BELTINA, esposas que buscan repetir el plato, y las buenas intenciones que aniden.
Hay mucho que decir a estos respectos. En primer lugar, los esposos, seguramente cesados por el voto popular del próximo 3 de octubre, LA TORRE y CORONEL pretenden seguir siendo Presidente Regional y Alcalde Provincial “en la sombra” de la noche. Esta usanza inglesa de ser “Ministro, en la sombra” no es entre familiares; a la oposición, nada noctámbula en Inglaterra, le corresponde tal status legal mientras el que ganó la elección gobierna.
Los contritos y añorantes esposos, como no pueden vivir sin el poder, pretenden ser “asesores de lujo”, tal como piensa KEIKO de su padre ALBERTO FUJIMORI, condenado por crímenes y hoy encarcelado; asesores que susurren al oído lo que las esposas Presidenta y Alcaldesa tengan que hacer al día siguiente, tal como recibir al que ellos recomiendan la noche anterior para que sea atendido con preferencia en las oficinas de la Región o de la Alcaldía o también anudar el Proyecto de Obra que aún no habría pagado el peaje de comisión. Una canonjía subsequens. En fin, no deshacer el camino que ellos no lograron pavimentar a pesar que lo ofrecieron irresponsablemente. La provincia de Santa Cruz sabe del cemento hecho asfalto que ofreció CORONEL y que después que lo dijo nunca más regresó.
¿Y en materia de fiscalización? Por supuesto, los cajamarquinos no tendríamos ninguna posibilidad de revisar las cuentas en rojo o azul que dejaron los defenestrados esposos. Jamás, nunca jamás auditará la esposa al esposo que la acompaña en el remanso hogareño. Si por acaso contrata un estudio contable para revisar las cuentas de su cesado esposo, pero autoridad “en la sombra”, ello será para encubrirlo de peculado de apropiación o de uso, de malversación dolosa y de cualquier acto de corrupción pergeñado. Lo grave es que tal encubrimiento se tenga que pagar con los nuevos dineros públicos que administra la esposa. Es decir, un forado en partida doble.
En cuanto a quejas y reclamos de los pobladores de las diferentes provincias y cientos de distritos contra la Administración anterior las esposas son archiconocidas por hacer oídos sordos. No lo mismo sucedería si acaso se divorcian o rompen los palitos que engarzan la armonía del hogar, en ese caso las esposas cargarían la tinta contra el ex que fue impertinente de noche o que al juicio de separación le añadió el deslinde inequitativo de patrimonios. Es decir, en la cosa pública se vería imbricada o yuxtapuesta la política y gobierno regional y municipal con la cosa doméstica, hogareña que se nutre de otros mecanismos y roles, que a veces provienen de esos recónditos entresijos que todavía desfavorecen al ser humano por doquier. En política con mayor razón.
Por eso y mucho más, conviene a CAJAMARCA curarse en salud. No votar por las esposas que quieren suceder a los esposos en el gobierno de la región, de la provincia o del distrito. La alternancia en el ejercicio del poder es una buena regla democrática. Gente y sangre nuevas, que traigan ideas, proyectos y dirección política también de nuevo cuño. Sólo de este modo es posible fiscalizar al predecesor, ordenando una auditoría que saque a la luz el destino que tuvieron los dineros que pertenecen a todos los cajamarquinos y que en cabildos abiertos se hagan conocer. El ejercicio de la política, del gobierno y del poder en general debe ser ejemplificador, incluidas las sanciones. Las esposas están demasiado lejos de esta sana y moral orientación.
Sin cavilación alguna, NICANOR ALVARADO CARRASCO que va a presidir la Región y WILSON DAVID HERNÁNDEZ BRICEÑO en la Alcaldía provincial representarán la antípoda de esta torcedura moral que se intenta en Cajamarca.

Lima, 17 de junio del 2010.

sábado, 12 de junio de 2010

HOMICIDA HOLANDÉS JORAN VANDER SLOOT

EL HOMICIDA HOLANDÉS y la ABOGACIA CARENTE de ESPECIALIZACIÓN en DERECHO PENAL

Por Guillermo Olivera Díaz
(goddod_1@hotmail.com)

En mi calidad de abogado dedicado al campo penal, tanto en la docencia universitaria como en el ejercicio profesional en asuntos penales, amén de autor de varios libros, debo expresar mi asombro porque sé que en el atestado policial a los hechos imputados al holandés JORAN VAN DER SLOOT, indiscutido autor –por la multiplicidad de indicios concomitantes y unívocos, con adición de su confesión- de la muerte de la joven STEPHANY TATIANA FLORES, el lunes 07 de mayo 2010, dentro de la habitación 309 del Hotel TAC del distrito de Miraflores, en Lima, Perú, se le ha dado una calificación antojadiza, muy propia de policías ayunos de Derecho Penal.

Se ha hecho una imputación doble, de 02 figuras delictivas, y hasta se afirma de un Concurso Real de Delitos. A los mismos hechos realizados por el holandés en desgracia se los ha calificado como Robo agravado, previsto en el Art. 189º del Código Penal, cuya pena es cadena perpetua cuando como consecuencia del ilícito se produce la muerte de la víctima. Simultáneamente, con ignorancia supina, se le imputa al mismo autor del robo agravado la comisión de Homicidio Calificado (Asesinato), previsto en el Art. 108º del mismo Código Penal, figura que subsume o engloba al homicidio (matar dolosamente a otro) para facilitar el robo por cometer u ocultar el robo ya cometido, cuya pena va de 15 como mínimo a 35 años como máximo. Inclusive el Jefe de Homicidios tuvo el empacho de decirlo al mundo ante la prensa nacional y extranjera.

Ante tamaño dislate, que proviene comprensiblemente de una policía no versada en Derecho Penal, en lugar de atacar tan errónea calificación jurídica, he escuchado y leído perplejo que su abogado ANTEZ, desconocido en las canteras jurídico penales, plantea un Hábeas Corpus, claramente infundado, buscando anular la investigación preliminar, desconociendo la confesión de su cliente porque mediaron presiones mil, porque no se respetó la presunción constitucional de inocencia, se le mostró humillantemente ante la prensa como inequívoco autor de asesinato y robo agravado y, además, no contó con un abogado de su elección, ni un traductor del holandés al castellano que le explique el real concepto y alcance de términos jurídicos. Por supuesto, que tal leguleyada es la antesala para que el holandés niegue el delito cometido, pensando así salvarse de la persecución penal.

Se desconoce que nunca un juez penal peruano, ni los de 1ª. Instancia ni los de la Suprema, ha declarado nula una investigación policial, que contó con la presencia del fiscal y de un defensor de oficio, por presiones que no dejaron huella alguna en el cuerpo del investigado.

Lo sensato en nuestro concepto era acogerse a medidas de atenuación, cuestionando la equivocada doble calificación de los hechos como si se tratara de 02 delitos diferentes, independientes uno de otro en el tiempo y espacio. Si se tipificara este evento aluvional, episódico, circunstanciado y de último momento como Homicidio Simple, por supuesto con dolo de matar, entonces la pena va de 06 años a 20, como mínimo y máximo. Si a esa posible subsunción, con los ingredientes fácticos que puede dar únicamente el autor presente en los hechos y nadie otro, ya que las víctimas no hablan más, sumados a todos los indicios filmados mudamente por las cámaras de vigilancia del Casino Atlantic y Hotel Tac, le añadimos una plausible Confesión Sincera, corroborada y convincente y amparándose en las 02 que se le aceptó a don ALBERTO KENYA FUJIMORI FUJIMORI, nada menos que por la Corte Suprema de Justicia, la rebaja de la pena podrá ir a límites inferiores al mínimo legal de 06 años, según previsión del Art. 136º del Código de Procedimientos Penales; a lo cual hay que acumular otra rebaja adicional por Conclusión anticipada de la instrucción a cargo del juez penal igual a la sexta parte de la pena, tal como lo establece el vigente Art. 471º del Código Procesal Penal. Este beneficio, dice la ley, es acumulable al de la Confesión Sincera.

Ir por el camino del Hábeas Corpus notoriamente descabellado, de hacer negar el delito al patrocinado pretextando presiones indebidas e infracción de las reglas del debido proceso, negativa que se estrella contra la infinita retahíla de indicios filmados, es empeorar la situación jurídica de quien no conoce la idiosincrasia de la justicia penal peruana, maltratada por policías, fiscales y jueces manipulables por la presión escandalosa de la prensa y del que dirán. Además prejuiciados y, como está dicho, preñados con ignorancia supina.

Ojalá que estas reflexiones sean leídas a tiempo por el Fiscal Provincial Penal antes de que formalice denuncia y por el juez penal de la causa antes de que dicte el auto de procesamiento. Después ya es tarde; se entra en un nudo gordiano procesal, en perjuicio de quien osa defenderse ante un escándalo mayúsculo. ¿No lo es acaso que el Jefe de Homicidios asevera que estaba, en su investigación, ante un Psicópata? Me imagino que no ha leído la obra de KURT SCHNEIDER, “Personalidades psicopáticas”. La recomiendo a todos.

Lima, 10 de junio del 2010.

miércoles, 9 de junio de 2010

A FUJIMORI SE LE ACEPTO LA CONFESIÓN SINCERA

Al holandés JORAN VAN DER SLOOT le CORRESPONDERIA LO MISMO

Por Guillermo Olivera Díaz
(godgod_1@hotmail.com)

Tanto a) en un anterior juicio oral como b) el que se mutiló, simplificó o concluyó el 28 de setiembre 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema presidida por nuestro conspicuo jurista CESAR SAN MARTÍN CASTRO declaró la conclusión anticipada de sendos juicios orales apenas iniciados contra ALBERTO FUJIMORI invocando el Art. 5º de la nueva Ley Nº 28122, de 16 de diciembre 2003, que realmente la permite, restringe o circunscribe únicamente a los “casos de confesión sincera”, genuina, legítima y no acomodaticia. Esta figura procesal fue escuetamente planteada por el nipón acusado, estuvo conforme con tal planteamiento su defensor NAKAZAKI SERVIGON y la Sala Suprema la aceptó por unanimidad, con expresa mención de dicha ley, sin oposición de la Fiscalía y ni siquiera de la frondosa parte civil. FUJIMORI evitó así el escándalo mediático para no perjudicar la campaña electoral de su hija KEIKO.

En aplicación de semejante criterio supremo, adoptado en dos casos penales graves, el holandés JORAN VAN DER SLOOT, que acaba de declararse autor de la muerte de la joven STEPHANY FLORES, podría formular ante el juez penal Confesión Sincera y pedir su correlato legal la Conclusión Anticipada de la Instrucción. El Art. 1º de la citada norma legal establece:

-Ley Nº 28122 de 16/12/2003
“Artículo 1º.- Conclusión anticipada de la instrucción judicial.
La instrucción judicial podrá concluir en forma anticipada, en los procesos por los delitos previstos en los artículos.........................y en los siguientes casos:
3.Si el imputado hubiese formulado confesión sincera ante el juez conforme al artículo 136º del Código de Procedimientos Penales”.

-Art. 136º del C. P. P.
“La confesión del inculpado corroborada con prueba, releva al juez de practicar las diligencias que no sean indispensables, pudiendo dar por concluida la investigación siempre que ello no perjudique a otros inculpados...
La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal, salvo que se trate de los delitos de secuestro y extorsión....en cuyo caso no opera la reducción”.


Los delitos imputados a FUJIMORI (Peculado (Art. 387º, Código Penal), Corrupción Activa de Funcionarios (Art. 397º), e Interceptación Telefónica (Art. 162º) que se beneficiaron con este fallo supremo:

a) han sido cometidos, en vituperable concierto de voluntades de ministros, militares, congresistas y otros funcionarios públicos, por más de 04 personas, por cuya razón legal, entre otras, la Ley 28122 en su Art. 2º prohíbe expresamente dicha conclusión anticipada;

b) el reconocimiento tardío, o conformidad de FUJIMORI con estos hechos acusados por el fiscal, después de 7 años de reo ausente y fugitivo internacional: hechos delictivos que reiterada y tozudamente los ha negado durante el proceso de extradición ante juez chileno; que mediante mil triquiñuelas se ha opuesto a la extradición misma; y que entra en contradicciones, que es menester aclarar vía confrontación, con las declaraciones de sus decenas de copartícipes, no puede ser considerado o reputado como la confesión sincera que exige el Art. 5º de dicha Ley para poner fin al juicio oral.

Sin embargo, la Sala declaró la conclusión anticipada de 02 juicios orales por confesión sincera. Con mayor razón en el caso del holandés sería aplicable este maridaje de figuras procesales por cuanto en el ilícito no han coparticipado más de 04 personas, ni puede hablarse de un reconocimiento tardío después de haber negado ante la policía, fiscal o juez su comisión. FUJIMORI, se fugó del país, negó sus delitos desde el Japón, durante años, y también en Chile durante su extradición. Comparando estas actitudes procesales el holandés está en clara ventaja frente al nipón.

4. En la sentencia del 20 de julio 2009, cuyo ponente fue el Presidente de la Sala, CESAR SAN MARTÍN CASTRO, que condena a FUJIMORI a solo 07 años y 06 meses, aparece que el Tribunal no tiene otra opción que la conclusión anticipada del juicio oral frente al “acto de disposición del imputado y su defensa” de renunciar a la “necesidad de actividad probatoria”, “unilateralmente, libre, voluntaria e informadamente” (Párrafo 42º), con lo cual la suerte o destino del proceso penal por gravísimos delitos quedó en manos del acusado y su defensor, sin opción en contra para el tribunal. El secular principio dispositivo de otrora nunca más boyante y de plácemes. Lo extraño es que ni el Fiscal ni la parte civil se opusieron; no obstante la Ley 28122 invocada les permite hacerlo y que el Director de Debates les corrió traslado.

5. Los Arts. 1º, 5º de la Ley 28122 citada, tal como están redactados, mantienen sin mengua la discreción jurisdiccional respecto a lo que debe aceptarse como confesión sincera, como antecedente necesario de conclusión anticipada. No se trata de cualquier confesión sino de una sincera o veraz, “debidamente comprobada”, tal como manda el Art. 136º del Código de Procedimientos Penales, con el cual es menester concordar. Este instituto no lo define la ley, pero reposa en un trípode:

-que haya confesión;
-que ésta sea sincera; y
-debidamente comprobada o corroborada con otros medios probatorios.

Sólo así es causa del efecto conclusión anticipada del proceso. El propio Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-ll6, cuyo ponente fue coincidentemente CESAR SAN MARTÍN CASTRO, y que el Pleno de 17 vocales supremos hizo suyo, vinculante para todos los magistrados de todas las instancias judiciales del país, añade un elemento o requisito adicional, preñado de ultra discreción, al establecer que la ratio de la confesión “es la facilitación del esclarecimiento de los hechos delictivos y que sea relevante para la investigación de los mismos”.

6. Veamos lo que dice el texto del citado Art. 5º de la Ley 28122 para una cabal cognición.

Art. 5º, Ley 28122
“En los casos de confesión sincera, la Sala o el Juez actuarán conforme a las siguientes reglas:

1. La Sala , después de instalada la audiencia, preguntará al acusado si acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil.
2. Si se produce la confesión del acusado, el juzgador preguntará al defensor si está conforme con él. Si la respuesta es afirmativa, se declara la conclusión anticipada del debate oral...
3. Si el defensor expresa su conformidad, pero condicionándola a la oralización de algún medio probatorio, se atenderá el pedido así como se permitirá argumentaciones y refutaciones sobre la pena o la reparación civil”.

Como se podrá fácilmente advertir esas reglas quedan supeditadas a lo dispuesto en el encabezamiento de ellas: que únicamente se aplicarán “en los casos de confesión sincera”. La Sala del Juicio Oral o el Juez de la Instrucción (a ambos está dirigida la norma), primero tendrán que examinar, deliberar y finalmente decidir si están ante un caso de confesión sincera, para cuyo cometido revisarán la conducta procesal del imputado desde la comisión del hecho hasta el instante mismo que plantea la confesión, presuntamente sincera, para los fines o efectos jurídicos adosados.

7. En los casos específicos de FUJIMORI, debió constatarse su comportamiento desde el momento consumativo de los delitos, los ajetreos finales con ingredientes delictivos de su régimen de gobierno; el allanamiento doloso de los departamentos de MONTESINOS de la cuadra 19 de la Av. JAVIER PRADO violentando las cerraduras de las puertas y sustrayendo bienes en más de 100 maletas y bultos, valiéndose ilegalmente de una orden judicial, inventando un falso fiscal y utilizando a policías y militares para robar en vehículos oficiales; su fuga del país en avión oficial y su renuncia a la Presidencia vía un modesto fax; su ingreso clandestino a Chile en avión privado fletado; su estridente oposición a ser extraditado de Japón y Chile, postulando incluso a ser senador de la dieta japonesa; todas las mentiras que produjo ante el juez chileno al negar cada uno de los innumerables delitos motivo de su extradición y que en Lima confesó haberlos cometido. Su ausencia de remordimientos y arrepentimientos, etc., etc.

8. Con semejante sinuosidad de conducta post delictiva jamás se podrá estar frente al concepto legal confesión sincera para obtener beneficios, como son la conclusión anticipada y la rebaja de la pena por debajo del mínimo legal. La jurisprudencia es uniforme: cuando el imputado ha negado su delito; cuando ha dado varias versiones del mismo; cuando ha entrado en contradicciones; cuando se ha mostrado rebelde al llamado de la justicia como reo ausente o contumaz; cuando busca encubrir a otros; en fin, cuando se muestra desafiante ante sus jueces, no considera un simple reconocimiento tardío y utilitario de los hechos como confesión sincera.

9. En la sentencia glosada en sus Párrafos 25º y 26º aparece que FUJIMORI, con la expresa conformidad de su abogado defensor, al amparo del Art. 5º de la Ley 28122 y de lo decidido en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008 se sometió a la conformidad procesal limitada y la Sala sin oposición de ningún sujeto procesal aceptó el trámite, es decir, la conclusión anticipada del juicio oral, “que importa –dice la sentencia: Párrafo 42º- un modo de poner fin al proceso a partir de la aceptación por el acusados de los hechos, del delito imputado y de la responsabilidad civil consiguiente”. Lo benefició, pues, con un juicio oral simplificado o diminuto; sin embargo, en su Párrafo 72º le niega el otro beneficio: la reducción de la pena por debajo del mínimo legal. Concluye sin titubeo alguno: “No cabe, por tanto, aplicar la circunstancia atenuatoria excepcional de confesión sincera”, aunque ya lo favorecieron con la conclusión anticipada antes de esta sentencia. El sí y el no del favor.

Si no existe confesión sincera para atenuar la pena, tampoco la hay para concluir el trámite en forma antelada, sobre todo cuando el país exige un cabal y profundo esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, ¿de dónde sacó FUJIMORI los 15 millones de dólares que devolvió al fisco, 43 días después de haberlos entregado delictivamente a MONTESINOS TORRES, y que los testigos convocados iban a explicar? ¿O es que esto para los 03 vocales de la Sala importa una bagatela, una fruslería?.

10. En el caso del holandés JORAN VAN DER SLOOT al no procederse de acuerdo al criterio adoptado por la Sala Penal Suprema, que ventila 02 supuestos concretos de confesión sincera y declara, en su mérito, la conclusión anticipada de sendos procesos; que dice, además, que se ampara en el Art. 5º de la Ley Nº 28122 y en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116 para resolverlos, se estaría violando las reglas del debido proceso. Un tipo de procesamiento para el japonés ex presidente y otro para un holandés cualquiera, ayuno de vara. El juez penal si pretende apartarse de semejante criterio rector supremo tendrá que meditar y fundamentar muy sesudamente su apartamiento; si no se le caería la quincha encima. Allá el.


Lima, 09 de junio del 2010.

EL VOTO Y VOTANTE GOLONDRINO


LA RESPONSABILIDAD PENAL de los ALCALDES INDUCTORES


Por Guillermo Olivera Díaz
(godgod_1@hotmail.com)


1. La expresión “voto golondrino” aparentemente pintoresca y casi risueña apunta, en puridad, al nombre de un gravísimo delito contra la voluntad popular cometido al ejercer el derecho de sufragio en elecciones municipales y regionales, cuya pena máxima es 08 años de carcelería efectiva, porque así lo dispone la Ley Nº 29287 del 6 de diciembre del año 2008. En la elección municipal anterior del 2006, tan fecunda en votos golondrinos en muchos distritos del país, no existía esta ley; ni tampoco una penalidad tan severa, por lo que sólo hubo escándalos altisonantes pero no encarcelados. Ciertos alcaldes quedaron impunes. Empero, con la nueva Ley no podrán escapar de la justicia penal.

Otra será la situación en la elección municipal próxima a cumplirse el 3 de octubre 2010, de los inducidos y de los alcaldes inductores al voto golondrino de ciudadanos humildes; terminarán en la cárcel denunciados penalmente por los fiscales provinciales compelidos legalmente a formular denuncias contra todos aquéllos por la comisión de este grave delito que agravia la voluntad del pueblo. Este ilícito es de muy fácil probanza, porque se examina el DNI, se toma nota del nuevo domicilio falso diferente al habitual, donde realmente no domicilia el elector , se lo constata in situ y acto seguido a denunciar el caso se ha dicho. Están avisados los votantes golondrinos y sus respectivos inductores los alcaldes en ejercicio.

Se consuma esta figura delictiva cuando se realiza un cambio de domicilio a un lugar distinto al de residencia habitual con el propósito de favorecer a un candidato, a una organización política, perjudicando a otros candidatos, partidos o movimientos políticos y alterando así el registro de electores, que aparecen en el Padrón Electoral publicado previamente a cada elección. Veamos el texto claro y severo de la norma legal en mención.

Ley Nº 29287, del 06 de diciembre 2008 que modifica el Art. 359º del C. Penal:

“Art. 359º: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

8. Realiza cambio de domicilio o induce a realizarlo a una circunscripción distinta al de su residencia habitual, induciendo a error en la formación del Registro Electoral”.


Como se advierte esta novísima Ley del año 2008, con un texto claro, castiga severamente al que gana las elecciones municipales con trampa. El tramposo delincuente induce a ciudadanos humildes mediante una pequeña dádiva o coima a cambiar de domicilio falsamente para favorecerlo con su voto y así ganar las elecciones. Y tal inducción es riesgosísima también para el inducido, ya que ambos se hacen merecedores de la misma máxima represión penal: 08 años de cárcel. En buen cristiano por un desayuno, un almuerzo de menú de 05 nuevos soles y una coima, con dinero del Concejo, es decir del mismo pueblo, de unos 100 nuevos soles, que se consumen en un solo día, el favorecido alcalde-inductor gana fraudulentamente una elección para que pueda seguir robando durante 04 años más. ¡1440 días más de Alcalde para seguir asaltando el municipio: Una vileza mayor!.

Competencia de la Fiscalía Provincial Penal.- Para prevenir o castigar, de ser el caso, esta insensatez delictiva electoral sugiero que unos días e inclusive meses antes de las elecciones del 03 de octubre que se avecina cualquier ciudadano, militante de un movimiento o partido político o el representante legal de éstos, presente una solicitud a la Fiscalía Provincial a fin de que ejerza sus facultades de prevención del delito e intervenga a cualquier ciudadano que sospechosamente haya cambiado su DNI o a cualquier camión, ómnibus o camioneta que sigilosamente esté transportando electores golondrinos. Teniendo en cuenta que se trata de un delito de pena severísima: 08 años de cárcel, el representante del Ministerio Público está obligado a actuar, identificando a cada uno de ellos con su DNI, anotando la fecha de emisión del documento y el nuevo domicilio que consigna (o sea, el cambiado y falso), ir a constatar este nuevo lugar de supuesta residencia, levantar un acta con mención, en su caso, del chofer transportista y en mérito de tales indagaciones formular la denuncia penal correspondiente., que comprenda por supuesto al alcalde inductor. Este comportamiento fiscal sería el mejor servicio que se haga en favor del país, con el objetivo de liberarnos y castigar a los responsables. La impunidad que se generaría por actuar en sentido contrario incrementaría la incidencia del nada ingenuo y de veras rechazado voto golondrino.

Otros delitos de menor pena.- También existen otras modalidades de estas figuras delictivas contra la voluntad popular que en la legislación penal reciben penas menores. El que impide votar ejerciendo violencias o amenazas merece un máximo de 04 años de pena privativa de libertad; el que con dádivas, ventajas o promesas induce a no votar o hacerlo en un sentido determinado también se reprime con ese mismo máximo; el que suplanta a otro votante o sufraga más de una vez en la misma elección se reprime con igual monto de pena; el que da a publicidad el sentido de su voto tiene una pena menor: un año como máximo. En estos casos no se imponen penas efectivas, sino de carácter condicional o de ejecución suspendida. Es decir, el infractor penal no va a la cárcel, lo cual ha favorecido el surgimiento del golondrinaje que tratamos. El incremento de éste motivó el cambio de actitud que la Ley Nº 29287 instituye, al elevar estas sanciones benignas al doble: 08 años de pena en forma efectiva, para castigar severamente al votante golondrino y al alcalde-candidato que lo induce, vía corrupción, a ese voto fraudulento. Bienvenido, entonces, este cambio en el rigor de la ley penal.

La sanción incrementada.- También otros diversos graves atentados contra el sufragio popular ameritan esta pena aumentada de 08 años. Por ejemplo, insertar o suprimir nombres en el registro electoral; falsificar, destruir dicho registro, DNIs, actas de escrutinio (la quema de actas están aquí); sustraer o destruir ánforas, cédulas de sufragio; alterar el resultado de la elección; recibir votos de quien no está en el padrón electoral o rechazar el voto de quien sí lo está; despojar a otro de su DNI y retenerlo para impedir que vote. A esta conocida relación la Ley 29287 del año 2008 añade la severísima represión del voto golondrino que incluye por igual al votante como a su inductor, que generalmente son los alcaldes que buscan por medios delictivos reelegirse. Se aprovechan éstos de ciudadanos humildes, los hacen cambiar de DNI con nuevo domicilio que permita votar en otro distrito o provincia, y por unos 100 nuevos soles miserables y un almuerzo de menú los quieren mandar a la cárcel por 08 años. ¡Tamaños alimañas aquéllos; que abusan del pobre y su carencia de cultura cívica!. ¡Frenemos este abuso que se comete con los dineros del Estado, o sea del pueblo; contra el mismo pueblo!

Lima, 26 de mayo del 2010.

viernes, 4 de junio de 2010

FUTURA TACHA CONTRA LA CANDIDATURA DE ALEX KOURI








godgod_1@hotmail.com

Formulo TACHA contra la candidatura a la Alcaldía de Lima de ALEX KOURI BUMACHAR, y su Lista a Regidores, por nítida infracción de los Arts. 9º y 10º de la Ley de Elecciones Municipales, Ley Nº 26864 y de los Arts. 18º, 19º, 20º, 23º y 24º de la Ley de Partidos Políticos, Ley Nº 28094 que facultan a los partidos políticos:


a) participar en un proceso electoral municipal; y
b) presentar listas de candidatos .

Esta permisión es a las organizaciones políticas que lo sean de verdad y no a remedos de tales. La inscripción no agota el desiderátum normativo jurídico vigente; urgen otros ingredientes funcionales, para estar frente a una auténtica institución que sea fiel expresión de la voluntad popular y orientadora de la opinión pública, roles tan venidos a menos en la hora presente por el tachado, que deviene en un candidato espurio, propio de una carnestolenda política.

El llamado Partido Político “Cambio Radical” que patrocina la candidatura del sinuoso ciudadano ALEX KOURI BUMACHAR no lo es, aunque aparezca inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). No es suficiente la mera inscripción para proponer candidatos. Para ejercer dicha facultad es menester, además, hacerlo dentro del marco jurídico de las citadas Leyes, por medios lícitos, cumpliendo exactamente sus postulados, los mismos que han sido desoídos por el proponente en las siguientes ruidosas formas.

2a. Carece de un Padrón de Afiliados con apego a lo normado.- Las elecciones municipales se convocaron por Decreto Supremo 019-2010-PCM del 30 de enero 2010 y deben llevarse a cabo el domingo 3 de octubre próximo, ajustándose al cronograma electoral que fluye del ordenamiento jurídico que encierran la Constitución Política, las leyes citadas y reglamentos especializados. En tal virtud, el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por Resolución Nº 120-2008-JNE del 28 de mayo 2008, en su Art. 57º, establece que los partidos políticos tienen plazo hasta el 31 de marzo de cada año para presentar actualizado su Padrón de Afiliados. Se reglamentaba así el Art. 18º de la Ley de Partidos Políticos Nº 28049 que mandaba a cada partido entregar “una vez al año el padrón de afiliados en soporte magnético”, actualizado en el momento de la entrega a la Oficina ROP. Esta moderna ley de partidos tiene asidero constitucional, pues el Art. 35º de la Constitución Política reconoce la institución de los partidos y el derecho de los ciudadanos a expresarse a través de ellos “conforme a ley”. La Ley es precisamente la Nº 28094 que ha incumplido el ciudadano tachado y el ente político que lo propone ilegalmente como futuro Alcalde de Lima.

“Cambio Radical” no presentó padrón alguno al vencimiento del término legal, seguramente porque el 31 de marzo 2010 no estaba en mente de BARBA CABALLERO, a la mano o ya negociada la candidatura advenediza de ALEX KOURI. Cuando este hecho aluvional se dió fue entonces que presentó presuroso su Padrón de Afiliados el 17 de mayo 2010. Así consta en la página Web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el agravante que “Cambio Radical” habiéndose inscrito, fundadamente cuestionado por la prensa nacional, en la ROP el 20 de enero 2005 tampoco presentó dicho padrón de militantes o afiliados durante 04 años. Consta también en la web del JNE que los años 2006, 2007, 2008 y 2009 no cumplió el mandato legal.

Si nunca antes del 17 de mayo 2010 entregó Padrón de Afiliados quiere decir que no lo tenía. Ergo, estaba en la imposibilidad legal de practicar democracia interna para elegir sus autoridades (Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional Electoral, etc.), así como para elegir candidatos a cualquier cargo popular. Las autoridades de un partido y los candidatos del mismo se eligen mediante el voto de los reales militantes.

Según su Estatuto partidario son sus afiliados-delegados de provincias los que eligen sus autoridades en Asamblea Nacional, la misma que también aprueba el Reglamento General de Elecciones internas. Además, el Art. 8º de este Estatuto establece que la Secretaría General Nacional aprueba la calidad de afiliado o militante de cada quien desee afiliarse, hecho que no se ha materializado en ningún caso desde el 15 de mayo 2006, pues desde este día renunció el entonces Secretario General Nacional y al día siguiente lo hizo el Secretario Nacional de Economía. No había un Secretario General que apruebe válidamente el ingreso de militantes. Su nombre hasta hoy 21 de mayo 2010 no aparece en la web del JNE Se trata de un cargo acéfalo.

En consecuencia, el Padrón de Afiliados entregado a la ROP extemporáneamente el 17 de mayo 2010, mucho después del término legal que venció el 31 de marzo, para el proceso electoral en curso convocado el 30 de enero 2010, no se ajusta al ordenamiento jurídico glosado. Viola el Art. 18º de la Ley de Partidos Políticos 28094 y el Art 57º del Reglamento citado. ¡Y de Ripley: trasgrede burdamente su propio Estatuto partidario!

2b) Sin padrón de afiliados válido sus elecciones internas tampoco cumplirán lo que prescribe la legislación electoral.- La Ley 28094 establece los mecanismos de la democracia interna partidaria. Se trata de medios lícitos, democráticos; y no precisamente lo contrario. Etc., etc .etc. etc. ............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

(seguirá el texto de la presente TACHA contra KOURI
a presentarse ante el Jurado Electoral Especial de LIMA)

Lima, 21 de mayo del 2010।