La Fiscal Tania Bravo Vigo, de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, mediante Disposición
Número Uno, de fecha quince abril del presente año, (Carpeta Fiscal N° 1015 –
2013), dispuso dar inicio a las diligencias preliminares contra el
Administrador Judicial de Agro Pucalá, Edgar Cayotopa Martínez, por el presunto
delito de “Asociación ilícita para delinquir”; y contra los efectivos
policiales que resulten responsables, por el presunto delito de “Omisión de
actos funcionales”. Siendo el plazo investigatorio, según disposición fiscal,
de 60 días.
Las diligencias de investigación
de los presuntos actos delictuosos, fue motivada por la denuncia presentada, el
27 de marzo del año en curso, por el ciudadano Henry Rivera Ramírez, ante el Fiscal
de La Nación Dr. José Peláez Bardales, en atención a la denuncia pública que
hiciéramos en este medio de comunicación (Edición N° 3 – Marzo de 2013), bajo
el Titulo: EDGAR CAYOTOPA MARTINEZ, ADMINISTRADOR JUDICIAL DE LA EMPRESA
AGROPUCALÁ ¿SOCIO DEL VIEJO PACO?
Es de conocimiento público que el
artículo en referencia fue sustentado con imágenes fotográficas, capturadas de
un video, donde puede observarse muy cerca al denunciado Edgar Cayotopa Martínez,
la presencia de José Luis Ramírez Granados, alias “LA BURRA”, lugar teniente
del “VIEJO PACO”, líder de la banda criminal “LA GRAN FAMILIA”, este último
presente también en la Asamblea, llevada a cabo el 1° de agosto de 2012, en el
Estadio del distrito de Pucalá.
La presencia de la banda criminal
“LA GRAN FAMILIA”, en dicha asamblea; la suspensión del cuestionado juez Oscar
Tenorio Torres del Poder Judicial, por sus presuntos vínculos con la citada
organización criminal; y la designación del denunciado Edgar Cayotopa Martínez,
como Administrador Judicial de la empresa Agro Pucalá por el suspendido juez, constituyen
razonables indicios para investigar al denunciado Edgar Cayotopa Martínez y
otros, con la mencionada organización criminal.
 |
Coronel Jorge Linares Ripalda,
dijo:
“Yo no tengo un policía para
cuidar a cada empresario […]”.
Pero, los
empresarios deberían
saber que el Coronel si tiene
casi 20 policías, para
resguardar
las 24 horas del día al Administrador
Judicial Edgar Cayotopa
Martínez.
(Fuente: Radio Santa Victoria
24/04/2013, entrevistado por el
Periodista
Henry Chiclayo Vega)
|
También es parte de la indicada investigación,
la denuncia pública que se hiciera a través de este medio de comunicación
(Edición N° 4 – Abril de 2013), sobre que, efectivos policiales pagados con
nuestros impuestos, vienen desde el 14 de febrero del presente año resguardando
las 24 horas del día, al denunciado Edgar Cayotopa Martínez: 15 Policías lo resguardan,
no sabemos de qué o de quién, dentro de las instalaciones de la Empresa
Industrial Pucalá; y 4 cuidan su casa en la Urbanización Santa Victoria. Para
dicho efecto la Fiscal Tania Bravo, ha requerido al Coronel Jorge Linares
Ripalda, jefe de la II Región Policial de Lambayeque, para que cumpla con
informar todo lo relacionado con la presunta custodia policial permanente que
se viene brindando al denunciado Edgar Cayotopa Martínez, en su centro laboral
y en su domicilio, a si como el número de efectivos asignados y los servicios que estos estarían dejando de
atender.
Es de mencionar con respecto al
número de efectivos asignados, si hablamos que el denunciado es resguardado las
24 horas del día por 19 policías, cada uno de ellos tiene su relevo, a través
de un cambio de guardia, por lo tanto, estaríamos hablando que se está destinando
para dicho efecto alrededor de 40 efectivos policiales, única y exclusivamente
para “proteger” al denunciado Edgar Cayotopa, reitero no sabemos de qué o de
quién; esto sin incluir los gastos de movilidad y de alimentos que demanda la
permanencia de cada uno de ellos, la pregunta ¿Qué empresario financia los
gastos diarios de cada uno de esos efectivos policiales, que llevan a la fecha resguardando
al denunciado más de dos meses?, ¿O es acaso que dichos gastos son asumidos con
los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, para resguardar exageradamente a
una sola persona?.
El denunciado mediante un escrito de querella
presentado ante el séptimo juzgado Unipersonal de Chiclayo (Expediente N° 1431
– 2013), que despacha la juez Juanita Muñoz Mondragón, asegura lo siguiente: “Como verá señor juez, el recurrente no es
quién coordinó la realización de dicho evento (Asamblea General del 1° de agosto
de 2012, en el Estadio del Distrito de Pucalá), únicamente fui invitado, para
absolver algunas inquietudes respecto de mi desempeño tras la ejecución de la
medida dispuesta por el órgano jurisdiccional (instalación de la nueva administración
judicial de la empresa Agro Pucalá y las medidas adoptarse dentro de mi
gestión), como lo han venido solicitando diferentes grupos diligénciales
(campo, corte, fabrica, personal jubilados, etc.) […]. ¡FALSO!, conforme podrá corroborarse en las
imágenes del vídeo alcanzado a la fiscal, el personal que alude el denunciado
realizó sus labores como de costumbre en cada una de sus áreas; a si lo
corrobora también el “Resumen de ingreso total de asistencia diaria del
personal de la empresa Agro Pucalá”, de fecha 1° de agosto de 2012. Además, lo
confirma el video colgado en You Tube, bajo el titulo: EDGAR
CAYOTOPA MARTINEZ - AGRO PUCALÁ, (https://www.youtube.com/watch?v=vHn7QLf7Db8), video que contiene imágenes de una Asamblea de fecha 26 de julio de
2012, donde el denunciado se reunió con
la masa laboral dentro de las instalaciones de la empresa, para informar sobre las medidas adoptarse dentro de su gestión como administrador judicial. Es decir, 5 días
antes de su asamblea en el estadio de Pucalá, donde contó con el alto honor de
tener presentes, al líder y la banda en pleno de la “Gran Familia”, ya se había
reunido con los verdaderos trabajadores dentro de las instalaciones de la
Empresa Agroindustrial Pucalá.
El denunciado en su mismo escrito sentencia: […] jamás he
necesitado de resguardo para llegar o ingresar a Pucalá, más que el respaldo de
la fuerza pública cuando se lo ameritó […],
¡Falso!, hasta la fecha cuenta con resguardo policial dentro de las instalaciones
de la empresa y en su propio domicilio, sin ser Presidente, Congresista,
Ministro, o un alto Funcionario del Gobierno; y mucho menos sin estar en riesgo
o amenazado de muerte. ¿Será acaso que tan especial resguardo del que goza el
referido Administrador Judicial, es porque fue docente de la Escuela de
Oficiales y la ESUPOL (Escuela Superior Policial) de la Policía Nacional del Perú?
¿Qué función cumplen los efectivos policiales dentro de las instalaciones de la
Empresa?, si conforme lo confirma una Declaración Jurada de fecha 18 de enero
de 2013, suscrita por el Administrador Judicial CÉSAR ANTONIO MELENDEZ CANCINO,
con firma legalizada ante Notario Público, declara bajo juramento, lo
siguiente: Que, tengo la condición de Administrador
Judicial de la Empresa Agro Pucalá S.A.A, designado por el Tercer Juzgado Civil
de Chiclayo, (expediente N° 1711 – 2004), y desde la instalación de la
administración colegiada de la cual formo parte hasta la actualidad venimos
desempeñando nuestras funciones con toda normalidad con acceso libre e
irrestricto a las instalaciones y campos de la empresa para ejecutar en forma
adecuada las atribuciones, derechos y obligaciones conferidas por mandato
judicial, no requiriendo el apoyo de la fuerza pública para nuestro
desenvolvimiento como órganos de auxilio judicial.
El mismo Administrador Judicial CÉSAR ANTONIO MELEDEZ CANCINO, mediante
escrito de fecha 25 de abril de 2013. Es decir, hace solo unos días, ha SOLICITADO a la juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, SE
SIRVA DISPONER EL RETIRO INMEDIATO DE LA POLICIA NACIONAL DE LA SEDE DE LA
EMPRESA AGROPUCALÁ. Haciéndole de conocimiento además, que en
forma pacífica y tranquila la administración viene cumpliendo con el mandato
del juzgado, NO
JUSTIFICANDOSE LA PRESENCIA POLICIAL.
Como podrá corroborar Coronel Jorge Linares, de haber cumplido Usted una
orden judicial emitida por el suspendido juez Oscar Tenorio Torres, también fue
su deber informar, sustentado en la información de su personal de inteligencia,
que no era necesario todo ese despliegue policial para resguardar a una sola
persona cuya vida no se encuentra mínimamente en riesgo, tal y conforme es de
conocimiento público en todo el distrito de Patapo y Pucalá.
Asimismo, el denunciante Henry Rivera Ramírez, expresó para este medio que,
solicitará al Fiscal de La Nación que las investigaciones de su denuncia sean
realizadas por la Cuarta Fiscalía
Provincial Penal Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lima, porque no confía en los fiscales de la Región Lambayeque; y además porque
dicha fiscalía en la capital viene investigando a la Organización Criminal “La
Gran Familia”. Agregó que, la excelente labor realizada por el Coronel Jorge
Linares Ripalda, jefe de la Dirección Territorial Policial de Chiclayo, en la
Región Lambayeque, se ve empañada por todo este exagerado despliegue policial
para resguardar a una sola persona, tanto en su centro laboral como en su
domicilio, sin estar mínimamente en riesgo la vida de dicho personaje.
